En los últimos veinte años, bajo el contexto de la globalización neoliberal se han profundizado las disputas por los recursos naturales y la apropiación de los territorios. El incremento en la demanda de minerales por parte del mercado mundial, el agotamiento de las reservas de fácil acceso, la disponibilidad de nuevas tecnologías y la implementación de lógicas extractivas llevadas a su máxima expresión, convierte a la explotación de minera en una actividad intensiva, orientada al mercado externo y bajo control del capital transnacional. En este nuevo ordenamiento económico, la región cordillerana de América Latina se erige como el escenario propicio para la megaminería a cielo abierto.
En los años 90, en lo que algunos historiadores denominan la “segunda década infame”, Argentina abrió silenciosamente las puertas a la megaminería. Con la sanción de algunas leyes en 1993 se realizó el primer paso en la consolidación del “acuerdo federal minero”. A partir del mismo, la actividad minera tendría beneficios impositivos, reintegros en las exportaciones realizadas a través de los puertos patagónicos y quedaría exenta del pago de derechos a la importación de insumos relacionados con la minería. A su vez, las provincias no podrían cobrar más de 3% en regalías. El segundo paso que sentenció el modelo extractivo-minero de nuestro país fue la reforma de la Constitución Nacional en 1994, y su consecuente entrega de los recursos naturales a manos de las provincias. Así, los gobernantes de turno de cada una de ellas tuvieron vía libre para negociar según sus propios intereses.
