ESPACIO ABIERTO ARGENTINA SIN
MEGAMINERÍA
22 de Julio 2014 – Día Mundial contra
la megaminaría
Entrando en este
siglo XXI, la búsqueda insaciable de ganancias por un capitalismo en crisis y en
decadencia, ha llevado a las corporaciones multinacionales a adoptar métodos de
explotación de los bienes comunes naturales cada vez más predatorios y destructivos.
Con el apoyo de los gobiernos imperialistas y la complicidad de los políticos
entregadores de nuestros países, han expandido proyectos de gran escala para el
saqueo de toda América Latina.
Nuestra región
se enfrenta –entre muchas otras- con la problemática de la megaminería. Este
flagelo se afianzó en Argentina durante la década de los ‘90, cuando la mayor
parte de los países de la región también llevaron a cabo reformas de sus marcos
regulatorios en beneficio de las grandes empresas transnacionales que,
actualmente, continúan devastando nuestras tierras, aguas, economías locales,
culturas ancestrales y formas de vida.
La minería a
cielo abierto se ha instalado en nuestro país como el método más rentable para
explotar los codiciados yacimientos metalíferos (oro, plata, cobre, etc.) que
se extienden por el 60% de nuestro territorio nacional. La especificidad de
este nuevo tipo de explotación –absolutamente más depredador y contaminante que
el tradicional de socavón- reside en la utilización intensiva de territorio,
agua, energía, explosivos y tecnología de punta, combinación que permite
realizar la extracción y concentración de los metales con extrema celeridad y a
bajo costo para las empresas transnacionales. Con este objetivo, se remueven
extraordinarias cantidades de suelo mediante la utilización de toneladas de
dinamita que demuelen montañas enteras, para luego dar paso a un proceso de
trituración de la roca extraída que, finalmente, es expuesta a los efectos de
un compuesto de sustancias químicas tóxicas (cianuro, ácido sulfúrico y/o
mercurio, entre otras) disueltas en gigantescas cantidades de agua –hasta 1200
litros de agua por segundo-, para separar y capturar los metales.
Inmensos
volúmenes de residuos químicos y escombros que envenenan la tierra y las
cuencas hídricas, destruyendo delicados ecosistemas, son sólo algunas de las
irreparables consecuencias de este proceso que, como contracara, deja una
cordillera subastada y ocupada por 74 corporaciones mineras, 165
emprendimientos en etapa exploratoria que se distribuyen en 11 provincias, y 6
ya en etapa de explotación: Bajo de la Alumbrera en Catamarca; Cerro Vanguardia
y Manantial Espejo en Santa Cruz; Veladero, Gualcamayo y Casposo en San Juan,
donde además se ubica el proyecto binacional con Chile, Pascua Lama. A esta
cantidad se suman miles de cateos mineros que prospectan vastas áreas de
nuestro territorio, cuantificando yacimientos y su posibilidad extractiva.
Este modelo
extractivista, que es política de Estado desde hace 20 años, ha profundizado
las desigualdades económicas, territoriales, sanitarias, ambientales y
sociales, desplazando comunidades enteras, despojando de sus derechos territoriales
a los pueblos indígenas, destruyendo patrimonios arqueológicos, zonas
protegidas y violando los derechos ciudadanos.
Durante la
década menemista, con el apoyo del FMI y otros organismos internacionales, se
creó el marco jurídico para garantizar el saqueo de nuestros territorios. Con
la llegada del Kirchnerismo estas regulaciones nunca fueron modificadas y,
actualmente, continúan siendo aplicadas para asegurar una rentabilidad
extraordinaria a las transnacionales mineras. Por su parte, todos los legisladores
oficialistas y opositores -salvo algunas raras excepciones que han presentado
proyectos contra la megaminería-, no permiten siquiera su discusión. Por su
parte, todos los legisladores oficialistas y opositores -salvo algunas raras
excepciones que han presentado proyectos contra la megaminería-, no habilitan
siquiera la discusión de este modelo.
A través del Tratado Binacional sobre Integración y
Complementación Minera firmado con Chile en 1996, se consumó la entrega de
una parte de la cordillera a las transnacionales mineras, entre ellas a la
empresa canadiense Barrick Gold que hoy opera los emprendimientos de Veladero y
Pascua-Lama en San Juan. Por su parte, en 2004, Néstor Kirchner implementó el Plan Minero Nacional, declarando la
actividad de interés estratégico y sumando nuevos beneficios y exenciones para
las transnacionales. En el mismo año se firmó con Chile el Protocolo Adicional Específico al Tratado para el proyecto minero Binacional
Pascua Lama, donde –entre otras cosas- ambos países permitían a los
inversionistas el uso de toda clase de bienes comunes necesarios para el
desarrollo minero, comprendiéndose en este concepto los recursos hídricos
existentes en sus respectivos territorios. A su vez, Cristina Fernández de
Kirchner no sólo ha buscado profundizar la inversión minera, sino que también
ha dado muestras claras del apoyo estatal a la megaminería, en clara
contraposición con las iniciativas del parlamento europeo para prohibir el uso
de cianuro.
Afirmamos que
estas nuevas formas de colonialismo nos condenan a una dependencia creciente y
cada vez más asfixiante de los centros capitalistas de poder global. La megaminería
no es una actividad aislada del extractivismo. El fracking, los grandes
megaproyectos de infraestructura que se imponen desde la IIRSA y los agronegocios
también forman parte del mismo sistema que despoja el territorio, contamina los
bienes comunes naturales y destruye comunidades y formas de vida, condenando a
las futuras generaciones a escenarios de emergencia sanitaria, pobreza
estructural, exclusión social y proliferación de catástrofes ambientales.
De norte a sur,
y con gran firmeza, los pueblos han determinado que “el agua y la vida valen
más que el oro”, constituyéndose en ejemplos de dignidad y lucha que debemos
acrecentar en cada rincón del país. En este proceso se afianzó la conformación
de alrededor de 70 asambleas cordilleranas que, desde hace años, llevan a cabo innumerables
acciones de repudio a la megaminería, logrando frenar el avance de proyectos
como el de la Meridian Gold en Chubut, el de la Barrick Gold en La Rioja, el de
Agua Rica en Catamarca y el de Emprendimientos Mineros en Neuquén.
Este modelo
primario-exportador agro-minero-hidrocarburífero se sostiene y expande a través
de la violencia absolutamente descarnada que se ejerce sobre la naturaleza y
los pueblos en resistencia. Para ello, se recurre al poder punitivo del Estado,
tanto de forma directa, expresada a
través de la criminalización de la protesta y su represión organizada y
abierta por parte de las fuerzas públicas del orden, como de forma indirecta
mediante la represión tercerizada con sicarios, matones o fuerzas
parapoliciales. En cualquiera de los casos, la impunidad es total y los
responsables de las presiones, amenazas y muertes de activistas y miembros de
las comunidades afectadas no son investigados ni juzgados. Para los poderosos,
solo se trata de los “efectos colaterales”, invisibilizados y acallados, del
“modelo”.
Entendemos que el genocidio iniciado hace más de
500 años en Nuestra América, se reedita actualmente mediante el desenfrenado
avance de la frontera agropecuaria y extractiva, que no reconoce los derechos
humanos de las poblaciones que encuentra a su paso. Consideramos, además, que
la depredación sin límites de la naturaleza en nombre del progreso y el
desarrollo capitalista nos está arrastrando hacia una crisis civilizatoria que
amenaza a la humanidad toda con la posibilidad de un colapso ambiental sin
precedentes. Por eso debemos luchar contra el
extractivismo en su conjunto, exigiendo el cese de la megaminería y también del
resto de las actividades predatorias. Así, hoy más que nunca exigimos:
NO AL
EXTRACTIVISMO
NO AL SAQUEO Y
LA CONTAMINACIÓN DE NUESTROS TERRITORIOS
PROHIBICION
INMEDIATA DE LA MEGAMINERIA
ANULACIÓN DEL
TRATADO BINACIONAL ENTRE ARGENTINA Y CHILE
NO A LA
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE SEMILLAS COMO UN NUEVO INTENTO DE PRIVATIZAR LA VIDA
Y EL PATRIMONIO DE LOS PUEBLOS.
NO A LA
CRIMINALIZACIÓN Y REPRESIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL Y DEROGACIÓN DE LA LEY ANTITERRORISTA.
NO AL PAGO DE LA
DEUDA EXTERNA ILEGÍTIMA Y FRAUDULENTA
Este
mandato popular es inamovible e innegociable. Ponemos a la VIDA Y EL FUTURO DE
LOS PUEBLOS por encima de cualquier otro interés y reafirmamos que no hay
licencia social para la continuidad del saqueo. Los bienes comunes no son
mercancía.
¡NO
PASARÁN! O SE MUERE
EL CAPITALISMO O SE MUERE LA MADRE TIERRA.
